La dictadura cívico militar (1973-1985)

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En 1973 se realizaron dos cónclaves8 de gobierno; el primero de ellos se llevó a cabo a fines de agosto en el fuerte de San Miguel en el departamento de Rocha. El segundo se realizó en el mes de octubre en el departamento de Colonia. Allí se establecieron las pautas de las acciones económicas que se iban a desarrollar bajo la idea motora de liberalizar la economía y siguiendo las indicaciones esbozadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y aprobado por el PE el 4 de abril de 1973. Algunas de las premisas planteadas en dicho plan eran: limitar el papel del Estado en materia de intervención económica, realizar una apertura económica hacia el exterior, jerarquizar el papel del empresario privado y promover el ingreso de capitales extranjeros.

 

La crisis del petróleo que se produce en el mes de octubre provocó la necesidad de ajustar algunos de los lineamientos planteados, debido a que al alza del precio del crudo y el cierre del mercado europeo generaron un desequilibro externo que debía ser enfrentado a través de la imposición de ciertas medidas económicas. Es así que el rol de Estado se mantiene, en algunos sentidos, como intervencionista; esta experiencia económica ha sido denominada por Jorge Notaro como “intervencionismo reestructurador”.9 De esta forma y con el objetivo de impulsar la diversificación de las exportaciones, se tomaron algunas medidas que procuraban incentivar al sector agro-industrial: exoneración impositiva para algunos productos, líneas de crédito preferenciales y facilidades fiscales. Todos aquellos productos que eran exportables fueron declarados de interés nacional.

En 1974 la JCJ comenzó a participar activamente en el Consejo Económico y Social que asistía al gobierno en materia económica al tiempo que oficiaba de contralor de que se siguieran las medidas acordadas en los cónclaves mencionados. En julio del mismo año, Alejandro Végh Villegas asumió como Ministro de Economía logrando concretar algunas de las medidas liberalizadoras iniciadas en 1973  así como el fortalecimiento de la producción nacional.

 

Para atraer a los capitales extranjeros se implementaron diversas medidas: se promulgó la Ley de inversiones extranjeras, se promovió la reducción del costo de la mano de obra y se dio inicio a un intenso proceso de liberalización y apertura del sistema financiero uruguayo y del mercado cambiario. En mayo de 1975 se aprobó la ley de libre convertibilidad del peso uruguayo para los movimientos financieros y la libre transferibilidad de capitales. En marzo de 1976 se eliminó el curso forzoso de la moneda nacional y unos meses después se liberaron los topes de posiciones en moneda extranjera de los bancos. Jaime Yaffé expresa que: “al cabo de este proceso el mercado financiero uruguayo quedó completamente liberalizado lo mismo que los movimientos de capitales desde y hacia el país, iniciándose un proceso de dolarización de la economía”.10

 

Otra de las líneas económicas que caracterizan a este período fue el impulso de las exportaciones no tradicionales que permitió el crecimiento de industrias como la textil, el cuero, la química y la de algunos minerales no metálicos.

 

Para promover las exportaciones se impuso un tipo de cambio real elevado al tiempo que la caída del salario real favorecía que los costos de producción fueran competitivos en el mercado internacional. La diversificación de los mercados compradores fue otro de los pilares de esta política, de esta manera se establecieron relaciones comerciales con países asiáticos y árabes al tiempo que se suscribieron acuerdos con países de la región. Esto último provocó un fluido intercambio con Brasil y Argentina.  

 

Si bien las exportaciones registraron un claro aumento y constituyeron un puntal del crecimiento económico, también lo hicieron las importaciones provocando el déficit de la balanza comercial. Esta situación deficitaria fue apaliada con el ingreso de los capitales extranjeros y con el aumento de la deuda externa, que pasó de 956 millones de dólares en 1974 a 1.239 millones en 1978.

 

En setiembre de 1976  Valentín Arismendi asumió como nuevo Ministro de Economía y Finanzas en tanto que José Gil Díaz se convirtió en el nuevo presidente del Banco Central, ocupando dichos cargos hasta 1982. En el último mes de 1977 se llevó a cabo el cuarto cónclave cívico militar en Solís, allí fueron planteados los lineamientos que provocarían un reajuste de la política económica.

 

Uno de los objetivos estratégicos de este equipo económico era transformar al país en una plaza financiera, y para ello era necesario generar un clima económico favorable donde reinara la estabilización monetaria. Profundizando la línea económica del período anterior se procuraba mejorar la economía por medio del ingreso de capitales extranjeros ofreciendo para ello todo tipo de ventajas.

 

En ese marco se aplicaron una serie de medidas económicas que apuntaron a privilegiar la actividad financiera: se anularon los controles fiscales y se  abandonó el control de la oferta monetaria, en 1979 se eliminaron los encajes bancarios obligatorios y las tasas de intereses fueron liberadas al eliminarse los topes existentes y se amplió el margen de endeudamiento de los bancos.  En ese mismo año el sistema tributario fue modificado revocando el impuesto que afectaba a los depósitos bancarios y el que gravaba las ganancias de las inversiones extranjeras.

 

Un eje central de este período fue la modificación de la política cambiaria; se creó un sistema de preanuncio del tipo de cambio que fue conocido como “la tablita”. De esta manera el gobierno informaba con cierta anticipación cuántos pesos uruguayos valdría cada dólar americano. Este régimen privilegió la moneda norteamericana frente al peso en el marco  de la llamada “dolarización de la economía”; al tiempo que la imposición del atraso cambiario elevó el costo de las exportaciones y abarató las importaciones. En el marco de una política de liberalización importadora se fueron cancelando los beneficios que, en una primera etapa, se le habían otorgado a las industrias exportadoras. De esta manera, el mercado interno se vio, progresivamente, inundado de productos extranjeros. En ese sentido el déficit comercial se acrecentó durante  trienio 1979-1981.

 

En noviembre de 1981 se realizó, en Piriápolis, el quinto cónclave; los lineamientos allí aprobados configuraron un nuevo avance en el proyecto de desarrollo y de liberalización, pero no pudieron ser aplicados por el estallido de la crisis.

 

El 25 de noviembre de 1982 el Banco Central se retiró del mercado cambiario anunciando el abandono del cronograma de cotizaciones anticipadas, este episodio ha sido conocido como el “quiebre de la tablita”. El gobierno dejó de controlar el precio del dólar lo que provocó la suba estrepitosa de su valor, en solo dos días el dólar americano pasó de 13 a 39 pesos uruguayos. Ante esta situación, en diciembre de 1982 Valentín Arismendi fue sustituido por Walter Lusiardo Aznárez.

 

A partir de ese momento se desencadenó  una de las peores crisis económicas de la historia del país que develó las insuficiencias del modelo económico de la dictadura y la persistencia de “desequilibrios estructurales que el modo de crecimiento del período llevaba implícitos (déficit comercial, déficit en Cuenta Corriente, creciente endeudamiento externo e interno, alta inflación y deterioro de los ingresos reales de asalariados y usufructuarios de la seguridad social)”.11

 

A la quiebre de empresas se agregó el desempleo, que en 1982 registró un aumento considerable pasando del 7% al 12%. Sumado a esto, se asistió a la profundización de la caída del salario real. Por otra parte, la fuga de capitales fue acompañada por una persistente caída de las reservas. Los precios subieron y se desató, nuevamente, un proceso inflacionario. El endeudamiento externo creció alcanzando los 4.238 millones de dólares y el déficit fiscal trepó al 9% del PBI12 al tiempo que se producía la cesación de pagos.

 

 

En diciembre de 1983, Vegh Villegas fue convocado nuevamente para hacerse cargo de la cartera económica del país. Una vez más, el estado uruguayo asumió un rol intervencionista para poder salir de una crisis económica que se enmarcaba en el proceso de transición política hacia la democracia. En ese sentido la maniobra estatal consistió en adquirir, a través del Banco Central, los créditos incobrables correspondientes a cinco instituciones bancarias nacionales para que fueran adquiridos por bancos extranjeros. Para realizar esta operación –llevada a cabo en junio de 1983- el Estado tuvo que aumentar su endeudamiento con el exterior en 300 millones de dólares. Al verse imposibilitado de cumplir con los tiempos acordados con el FMI, el Estado uruguayo tuvo que acordar con dicho organismo un plan de ajuste y refinanciación. El país iniciaba su recuperación democrática con un endeudamiento externo que alcanzó el 90% del PBI.  

Hacia el final de la dictadura los intentos liberalizadores iniciados en 1959 así como las pretensiones neoliberales habían fracasado demostrando las flaquezas estructurales de dicho proyecto económico.